Para comprender la actitud del presidente Petro respecto a hechos recientes como las intenciones políticas de la Fiscalía, de la Procuraduría, del empresariado, de las élites académicas anquilosadas de las Universidades Públicas, se debe partir de una idea de instituciones que incluya los conflictos distributivos respecto a la capacidad de representación política, económica y social del campo popular en Colombia.
Por Manuel Rubio García[1] – Augusto Rico Dautt[2] – Simón Botero Bustamante[3]
En la discusión tanto de las movilizaciones sociales en contra de la pretensión de continuidad de la nefasta gestión del Fiscal Barbosa, de propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, frente a las amañadas elecciones de rectores en Universidades Públicas, se ha vuelto al tradicional llamado de respeto por las instituciones.
Estás son afirmadas como un conjunto de normas formales de diferente peso que regulan la vida político y social de Colombia. Así, lo normativo/jurídico se asume como un criterio frente al cual se evalúa la acción política de los diferentes actores, sus límites y potencialidades. En este caso particular, tanto del presidente de la República como de los sectores populares movilizados.
Se podría entender que las instituciones implican estos dos aspectos-jurídico/regulador-, sin embargo, se hace necesario establecer una orientación. Las instituciones sociales- en general- pueden concebirse como un conjunto de valores, normas, creencias y comportamientos que regulan la acción social de los individuos. Son herencia y contorno tanto de las contradicciones inherentes a un sistema socioeconómico como a la forma en que fueron/son resueltas. Por ende, se trata de acuerdos políticos que dan orden y estabilidad.
Por tanto, ¿qué caracteriza los valores, creencias y prácticas sociales de la vida política en Colombia?, ¿cómo se ha establecido el orden y la estabilidad del régimen político-económico?
En primer lugar, podemos adelantar la hipótesis sobre un aspecto particular, a saber: actuamos en un contexto de alta concentración de la capacidad de representación política y social de los actores sociales. La intención política no se define tanto en la deliberación inmaculada de razones y argumentos como de despliegue de capacidades diferenciales del ejercicio del poder al interior del Estado en sus diferentes instancias.
El habitus del accionar político en lo cotidiano se define en la financiación de campañas políticas para acceso a cargos de decisión de política pública, de proyectos económicos y la dirección del monopolio de la violencia. En Colombia, estos aspectos los han liderado las elites urbanas, el poder territorial (gamonalismo), la fuerza social del narcotráfico con sus expresiones políticas y militares. Por ejemplo, se puede recordar a quienes financiaron y promovieron las campañas políticas a la presidencia de la república entre 2002-2022: paramilitarismo, corrupción, narcotráfico, académicos y medios de comunicación. Esos son los valores, las prácticas políticas y las creencias que configuran las instituciones realmente existentes en Colombia. Esa es la herencia institucional de la derecha colombiana.
En segundo lugar, no se trata de evadir la discusión política echando mano de la velocidad, ni de la complejidad de los acontecimientos. Se trata de que cada acción política tiene un contorno histórico que les define y les da sentido.
Por tanto, tenemos que sacar la intención política de las sombras. Esto implica superar el lugar de confort que supone repetir el cliché de la eterna salvación de las instituciones como un orden cuasi natural e inmutable. Supone poner atención tanto a las formas heredadas como a las necesidades de cambio.
Podríamos partir de los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la intención política de la fiscalía general de la nación y de la procuraduría respecto al gobierno nacional? ¿Por qué un trato diferencial respecto a gobiernos anteriores si se trata de reglas de juego tan claras y aceptadas para toda la sociedad colombiana?, ¿Por qué se denuncia una contradicción entre las reformas del cambio y las normas, procedimientos e instancias constitucionales?
Parece que el llamado al respeto de las instituciones tiene otro carácter, esto es, mantener la concentración de representación y negociación política tanto en las elites como en sus formas instituidas. Lo que molesta en realidad es que el campo popular, en su diversidad, pueda jugar un rol decisivo en la vida política del país.
Históricamente el proyecto político, económico y social de las élites en Colombia encontró un cierre perfecto en la persecución, asesinato, represión física, moral del campo popular y sus expresiones organizativas. Así se mantenía en línea tanto a los proyectos políticos y económicos de las elites como a los advenedizos que fueran incomodos. Todo esto dentro del respeto por la constitución y, en democracia.
La disputa por la apertura democrática del país que se lidera desde el gobierno nacional no puede entenderse sino como una ruptura con la inercia institucional en Colombia, esto es, reducir el espacio político cerrado en el cual tienen capacidad de decisión solo las elites políticas e intelectuales “civilizadas”.
El campo popular busca defender en la movilización social no sólo lo que conquisto como programa en las urnas, sino la institución de su presencia, de su voz, de la defensa de sus intereses como forma de despliegue organizativo y político. La pugna interna en los diversos elementos que componen el proyecto progresista está en ampliar los escenarios de participación democrática para los sectores populares, no en mantener formas de dependencia, ni vestir viejos intermediarios en ropajes nuevos.
Lo que molesta es que la movilización política del campo popular se abra paso para que la vida política del país no se siga acordando de manera institucionalizada en cocteles, cenas y reuniones de alta alcurnia entre las mismas personas: rectores con representantes a consejos superiores, los políticos, los consultores de pobreza y crecimiento económico, los expertos en resolución de conflictos y, como señalara Silva Colmenares, los verdaderos dueños del país.
