Por: Juan Felipe Vargas Calderón, economista y especialista en estadística
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El Plan Nacional de Desarrollo –PND-, más allá de la retórica y los lugares comunes, no solo es una hoja de ruta, sino un documento estratégico que permite definir acciones que conducen a la materialización y puesta en marcha de presupuestos que propenden por el progreso de la nación, la solución de problemas territoriales o el cierre de brechas, en un país con el tercer nivel de pobreza extrema más alto de Latinoamérica (15%), según la CEPAL.
La discusión del PND se dio por meses en las Comisiones Económicas de la Cámara y el Senado, luego de ello, se debatió y discutió a principios de esta semana con plenas garantías desde las mesas directivas del Congreso. Esto último se resalta, puesto que se garantizó plenamente para los partidos tradicionales de oposición y no como en gobiernos anteriores, es así como se escucharon sus planteamientos y sus propuestas y además fueron parte integral en esta discusión, pues tuvieron coordinadores ponentes, y en la comisión de conciliación que era la encargada de ajustar y unir los textos finales del Senado y la Cámara de Representantes, por primera vez en la historia la compuso un miembro de la oposición que se representó con el Centro Democrático.
Dentro de la estructura se destaca, la composición por 5 transformaciones, de las cuales se desprende unas ideas base, indicadores de primer nivel y unos catalizados, que además tienen vinculados unos indicadores de segundo nivel. El PND, entonces está compuesto por el articulado, que detalla de manera general los elementos centrales que se desarrollarán; el documento de las bases del PND, el cual contiene una ampliación; y la estructura y el Plan Plurianual de Inversiones, que da cuenta de proyectos regionales de impacto y proyectos de nación, y las inversiones que serán del orden de 1.154,8 billones de pesos.
En cuanto a los artículos para resaltar de este gran acuerdo social, está el artículo 55, que permite compra de tierras de oferta voluntaria y que el pobre argumento del tradicionalismo político se centró en catalogar dicho artículo como de expropiación exprés, obviando es de esta manera que la utilidad pública o los procedimientos agrarios a los que haya lugar, se han usado para la construcción e implantación de los proyectos minero energéticos más vergonzosos del continente, como la construcción del Quimbo en nuestro departamento o Hidroituango en Antioquia.
Este artículo permitirá desarrollar la necesidad histórica del acceso a tierra y desconcentrar la tenencia de la misma, que en últimas no produce alimentos y está ociosa. Adicional a esto, hay un gran impulso a la economía popular que según el profesor Pablo Ignacio Chena tiene dos características económicas propias a saber: “la primera, es el hecho de que involucra a personas que realizan su actividad laboral por fuera de la relación salarial tradicional. Es decir, que quienes la integran son trabajadores que no están alcanzados, en general, por una relación laboral patrón-trabajadores (son trabajadores sin patrón) y la segunda, es que perciben ingresos bajos y, consecuentemente, tienen una escasa capacidad de consumo y acumulación de capital”.
El PND creó el Consejo Nacional de Economía Popular que debe impulsar y dinamizar las características y condiciones de los trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, que según la OCDE en el país son el 57,8% del empleo, la más alta de este ranking, seguido por Brasil con 33,3%, es decir, tenemos más de 24,5% puntos de diferencia. Pero además, se van a posibilitar mecanismos e instrumentos para la inclusión financiera y de crédito para la economía popular.
Otro aspecto a destacar, es el sistema de información que permitirá realizar una evaluación y además mantener información datos y estadísticas para la toma de decisiones del sector. Y otro elemento fundamental, que causó una discusión con estigmatización por la implicación para que los sectores desprotegidos del país realicen dicha acción, fue las compras públicas apalancadas en las asociaciones público populares en contratos de mínima cuantía, donde se escuchó por parte de la oposición famélica y sin argumentos que esto causará más corrupción, como si en el país los grandes poderes económicos no hubieran causado todo tipo de negocios, esto será un instrumento que permitirá romper con los carteles de contratación y democratizará la vinculación de servicios/productos que requiera el estado y en los que se podrán vincular visiones y proyectos colectivos como las asociaciones público privadas.
Y finalmente, se resaltan los temas ambientales, con la puesta en marcha de la modificación de los determinantes del ordenamiento territorial, aunque se suprimió la prevalencia y sus jerarquías, donde lo fundamental será el nivel 1, que implica todo lo ambiental, el ciclo del agua y la biodiversidad, sobre el resto de niveles. Y además la protección, conservación y restauración de los humedales del país que abandera la representante Leyla Marleny Rincón Trujillo junto con el representante Alirio Uribe.
Sobre el supuesto presidencialismo de las notas de prensa amarillistas del país
Los artículos de facultades que fueron eliminados son: uno que detallaba por seis meses expedir un decreto con fuerza de ley que regulara las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas, otro artículo que mencionaba seis meses para que crear holding para el sector eléctrico, otro que permitía la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, y que en el debate salieron argumentos sobre la injerencia en los alcances de la Comisión Segunda, por la materia de dicha agencia, otro más, sobre facultades para crear la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y otro que trataba de “fusionar, modificar o liquidar los fondos cuenta con o sin personería jurídica o los patrimonios autónomos administrados por órganos o entidades del Presupuesto General”.
Los aprobados fueron el artículo 364, que permite al presidente expedir leyes para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, “e incorporarlos de manera armónica y oportuna al Sistema de Transferencias”; el artículo 365 para “adquirir a título gratuito u oneroso, la infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios”; el artículo 366 permite el fomento a la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales; el artículo 367 sobre gestionar todo lo relacionado con el Grupo Bicentenario, el holding financiero estatal con el que quieren impulsar la denominada economía popular, nada excesivo como lo han querido plantear los medios y la oposición, que pareciera que no tuvieran más argumentos sino acudir a “fake news” para hacer notar y ganar réditos políticos de cara a las elecciones regionales.
¿Y el PND para el Huila?
Lamentable que la dirigencia departamental en toda su historia no haya consolidado proyectos estratégicos con vinculación interregional como lo ha peticionado y expresado el Director Nacional del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González, es frustrante que no existan unas pre factibilidades por parte del gobierno departamental pese que se han invertido recursos y esfuerzos en visiones de futuro de 20 y 30 años y sí, una lista de mercado. Quedaron muchos proyectos: unos urgentes, otros que ya tenían recursos asignados y otros totalmente inviables, en total 33 específicos para el departamento.
Los urgentes, son el: Programa de intervención de infraestructura aeroportuaria y de servicios aéreos esenciales, la restauración de la Cuenca Alta del Río Magdalena y el Macizo Colombiano, el desarrollo de proyectos para la gestión integral y el ordenamiento alrededor del Río Magdalena para combatir los efectos de cambio climático en las poblaciones aledañas y la Implementación de acciones para reducir la deforestación, proteger la biodiversidad el recurso hídrico y mejorar las condiciones de vida de las familias asociadas a las áreas protegidas de la cuenca del Río alto Magdalena macizo colombiano departamento del Huila, pues la multinacional Emgesa Enel está declarando la muerte al río por sus sistemáticos incumplimientos por el proyecto hidroeléctrico el Quimbo, las posibilidad de construir seis (6) centrales o plantas comunitarias para los procesos de beneficio, secado, trillado y transformación de café y la construcción de cuatro plantas de mezclas de fertilizantes regionales que apalanque un sector que tiene el mayor potencial de la región, pues el 74% de la población rural del Huila se dedica a la caficultura, lo que configura un sector, con sus más de 83.000 productores de café y que el 97% son pequeños productores con menos de 5 Ha, según la Federación Nacional de Cafeteros.
Por otro lado, los proyectos que ya tenían asignado recursos y que están en ejecución son: Corredor vial Isnos – Paletará –Popayán con una inversión aproximada de 104 mil millones de pesos y 32 Km por el lado del departamento, para el caso del Corredor Neiva – Balsillas – San Vicente del Caguán faltan por el tramo del Huila 10 km, y para el lado del Caquetá son aproximadamente 410 km. Y el proyecto totalmente inviable, es la terminación del Distrito de Riego de Tesalia Paicol, el cual requiere aproximadamente una nueva inversión de 216 mil millones de pesos y que tuvo una inversión inicial de 225 mil millones de pesos con un avance de obra del 79% e iniciado en el 2009, por el cual debería responder la clase dirigente tanto fiscalmente como disciplinaria, por este adefesio.
Finalmente, la representante Leyla Marleny Rincón junto al Representante del Pacto Histórico del Cauca Jorge Bastidas propusieron la culminación para asegurar los recursos aproximados para el tramo de 78 km que equivaldrían alrededor de $328 mil millones de pesos, convirtiéndose en la salida más próxima al puerto de Buenaventura del sur del país. Y el artículo 41 en su parágrafo segundo donde se permite la articulación y alcance de los PDET, los ZOMAC y las regiones de paz, una clara oportunidad que abanderará la representante del Pacto Histórico para la gestión y consolidación de la paz total departamental.
El PND, es un acuerdo social para la superación de barreras y cierre de brechas, profundiza en el acceso a la tierra por parte de las y los campesinos del país, propende por el establecimiento de la paz y además tiene una ambiciosa inversión en justicia social y la seguridad humana que ha sido aplazada por décadas y varios periodos de gobierno. Es este el mejor vehículo para sentar las bases de un cambio anhelado que solo será posible con el empoderamiento de muchas y muchos y la vinculación y sumatoria de sueños colectivos.
