Por
Juan Felipe Vargas Calderón [1]
El plan Mr. Duque y su fatídica apuesta por privatizar la Electrificadora del Huila, patrimonio de los huilenses: entre la perversión de Margaret Thatcher y la improvisación actoral de Reagan.
El patrimonio público es de vital importancia para cualquier Estado, máxime cuando se trata de una empresa que oferta un servicio público que es esencial como la electricidad, la concepción del cuidado y la gestión sostenible de estos bienes son fundamentales para la gestión pública y la administración del estado. Por eso es que se hace inaceptable la venta, enajenación o privatización de los mismo sin ningún plan más que tapar huecos fiscales y desbalances presupuestales producto de una priorización perversa y un gasto excesivo en servicios de la deuda (72.3 billones para el 2023) y defensa y policía (51.3 billones para el 2023)[2], sectores importantes para los gobiernos de los últimos 30 años.
Últimamente en la región, se ha venido filtrando una información sobre la venta de la Electrificadora del Huila y esto ha generado todo tipo de controversias en varios sectores de opinión, puesto que si comparamos presupuestalmente la electrificadora con otras entidades se ve la dimensión de lo que implicaría dicha privatización, los recursos manejados por la Alcaldía de Neiva para el 2022 son del orden de los $676 mil millones de pesos, la Gobernación del Huila maneja alrededor de $869 mil millones de pesos y la electrificadora para el mismo año tiene una partida de $896 mil millones de pesos. Sin contar que la utilidad neta anual, si bien presenta una tendencia a la baja, es todavía una utilidad positiva, lo que indica una solidez financiera.
Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros (https://www.electrohuila.com.co/estados-financieros/#5e32cf2158b4ac092)
Lo primero que hay que decir, es que en el 2017, en diciembre 7 la empresa Deloitte Asesores y Consultores Ltda por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) presentó los resultados preliminares de las actividades de valoración de la Electrificadora del Huila, correspondientes a la primera entrega del Contrato C-CO-T1432-P001 firmado el 19 de julio de 2017 en la que se ven los siguientes elementos de la empresa: fue valorada por $1.03 billones de pesos del 2017, el valor patrimonial era de $805,66 mil millones de pesos y además la electrificadora presentó utilidades netas por un valor $ 51.085 mil millones, en esa época.
Lo segundo, es que la Nación está presente en 103 empresas que suman un valor patrimonial de $ 78 billones supuestos (según el Reporte Anual de Empresas de la Nación). El gobierno de Duque priorizó un plan de privatización que no ha podido llevar a cabo y así enajenar $14 billones de pesos en el 2021 y $7,1 billones para el 2022 (según el Marco Fiscal, Min. Hacienda y Crédito Público), todo esto para tapar el hueco fiscal y empezar a reajustarse ante el régimen de regla fiscal. Y aunque esto no ha sido posible porque ha existido presiones, en el buen sentido de la palabra, de Senadores y Congresistas ninguno fue desde el Huila, en las legislaturas pasadas, porque siempre han visto con ojos de avaricia el control de dicha entidad, pues por ahí han transitado todas las castas politiqueras.
Ya hace más de un año el gobierno que tiene los días contados, ha pensado vender activos como ISA y las electrificadoras, con el argumento eufemístico de la enajenación o lo que es peor con palabras del tecnicismo del Min. Hacienda, tales como la optimización de activos, los cuales son contabilizados como ingreso fiscal y que aparecen en los documentos del marco fiscal en más de 138 veces y solo en una referencia se acompaña de la palabra real, es decir, las privatizaciones (nota 1 de la pág 169), es por esto que la exigencia de la venta de activos de la nación esta estipulada por el control ortodoxo de vender la casa para vivir en arriendo, como diría el senador Wilson Arias.
Lo tercero, es que para el caso puntual de la pretensión de la enajenación y privatización de Mr. Duque a las electrificadoras regionales y demás activos de la Nación, se expide una resolución (2775 del 11 de noviembre de 2021), en la cual el Ministerio de Hacienda ordenaba la apertura del concurso de méritos abierto para seleccionar la banca de inversión que, entre otras, elaboraría el plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación en empresas del sector y con el propósito firme de vender las centrales eléctricas de Nariño, Caquetá, Cauca, Meta y Huila y dos distribuidoras de energía y que en un principio el pretendido negocio era para la estatal italiana ENEL que tiene presencia en el territorio mediante Emgesa S.A ESP.
Para ello, el 23 de diciembre de 2021 firman el contrato para hacer el Plan de Privatización de Duque por un valor de $4.898 mil millones de pesos con un consorcio llamado BTG PACTUAL, que prestaba asesoría legal y además hacia los cálculos de valoración de los activos de la nación concentrados en las cinco electrificadoras y las dos distribuidoras de electricidad, y las preguntas puntuales que surgen son ¿otros recursos financieros estatales para otros estudios?, ¿luego no existía el de 2017?
Lo cuarto que hay que decir, es que el caso de la Electrificadora del Huila es aún más preocupante, pues se está desconociendo dos hechos de trascendencia: 1. que es una empresa monopolística, es decir que es la única que en el mercado provee un bien o un servicio y 2. que presta un servicio esencialmente público. Pero, además, si entramos a revisar sus informes de revisoría fiscal con corte a marzo de 2022 encontramos que presentaba activos por $ 869,84 mil millones de pesos, que tiene pasivos del orden de $532,50 mil millones de pesos y que tiene un patrimonio de 337,23 mil millones de pesos, lo que demuestra una consistencia financiera y solidez que generó utilidades netas de $45.967 mil millones de pesos en 2019, mientras que en el 2020 estas estuvieron por el orden de $ 18.848 mil millones de utilidades netas y en el 2021 $ 6.216 mil millones de pesos, y aunque hay contundencia en las cifras financieras no deja de preocupar la reducción anual de las utilidades de las mismas en casi $39 mil millones de pesos desde el 2019. Así los interrogantes que saltan a la vista son: ¿qué pasó, señor gerente?, ¿no es usted experto en proyectos minero-energéticos y un gran ejecutivo ex trabajador de Emgesa?
Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de Emcali ha sostenido que este entramado perverso le han puesto el nombre de ‘Proyecto Saturday’ y “pretende que sea una empresa privada quien, a través de Emcali, tome el control de las electrificadoras en una operación comercial tasada en, por lo menos, 1,5 billones de pesos. El mecanismo elegido es un convenio interadministrativo que permitirá que esta alianza público-privada se haga dueña de los activos nacionales sin licitación alguna. Un negociado para el privado que podrá tener en sus manos un patrimonio de $2,5 billones de pesos de un plumazo, encubriendo la privatización bajo un disfraz de ‘negocio entre públicos”, lo mismo que sucedió en Neiva con el alumbrado público con la empresa ESIP S.A.S E.S.P en lo que 3 de sus 5 miembros de la junta son privados al igual que el grueso de los recursos y que los maneja el cuestionado buen muchacho Turco Hilsaca, o lo de Electricaribe en la Costa del mega contratista Alberto Ríos Velilla, cercano a los clanes del Cambio Radical.
Es por eso que se debe cuestionar que mediante un estudio del 2017 el valor empresarial de la Electrificadora del Huila haya sido tasado por $1,05 billones de pesos, en el cual no se realiza el cálculo de las redes, la distribución, la capacidad de ser generadora y comercializadora de energía y la importancia de ser monopolio, pero hoy exista un andamiaje jurídico y desde el estado que quiera vender cinco centrales eléctricas por 1,5 billones de pesos (en promedio, si es que se observaran todos estos bienes bajo unos mismos criterios generales sería algo como $0,300 billones de pesos o $300 mil millones de pesos, sin meter en esta transacción las dos distribuidoras de energía).
Solo esperamos que los días avancen con la rapidez efectiva de pasar la página de un proyecto de destrucción del país de más de 30 años en manos del tradicionalismo político sus clanes, castas y sus mega contratistas, y que el nuevo gobierno trace una ruta para definir la desactivación de la venta de los activos de la nación, la disolución de la fiducia Grupo Bicentenario o por lo menos que cierre la posibilidad que mediante esta figura se siga expoliando el patrimonio de todos y todas las colombianas y que adicionalmente se permita avanzar para la consolidación de un proyecto nacional en clave de lo territorial que permita el tránsito seguro de las energías limpias y para ello las electrificadoras regionales serán claves.
El reto no solo estará en comprender lo anteriormente dicho, sino también replantear como ya se sostuvo el Plan de Mr. Duque que pasará a la historia como el peor presidente de la de la republica de Colombia y que ocupará un lugar especial al lado de perversión de Margaret Thatcher y las cantinflescas formas histriónicas de Reagan, Duque como ellos, fue autoritario con las regiones, perverso con la población civil y criminal con los jóvenes en el marco del paro, todo esto mientras cantaba vallenatos y daba discursos en ingles y español totalmente alejados de la realidad y sin eco en las calles. Finalmente por el Huila no hizo nada en materia de infraestructura ni grandes inversiones sino que quiso establecer un andamiaje desde el poder del estado para regalarle a los privados el patrimonio de los huilenses. El plan Mr. Duque y su fatídica apuesta por la Electrificadora del Huila, fue entre la perversión de Margaret Thatcher y la improvisación actoral de Reagan.
[1]Economista con especialización en estadística de la Universidad Surcolombiana y experiencia en el sector público de más de 6 años en oficinas de planeación de universidades públicas, fue unidad de trabajo legislativo en la comisión económica del Senado y profesional en entidades territoriales con manejo de datos para población vulnerable.
[2] Y que según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana suma el 29% del total del presupuesto frente a 13% para salud y 14% para educación para el año 2023.
Fuente fotografía: elaboró Sofia Mejía Quinayá a partir de https://pacifista.tv/tag/acuerdo-de-paz/
Bibliografía consultada
https://www.electrohuila.com.co/estados-financieros/#5e32cf2158b4ac092
https://www.portafolio.co/economia/fijan-reglas-para-venta-de-activos-de-la-nacion-531268
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/es-urgente-vender-algunos-activos-del-estado-3002957
