Por
Manuel alejando Rubio
Economista, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Desarrollo económico, IDAES-UNSAM, Argentina. Estudiante de Doctorado Ciencias Económicas, UNAL . Investigador Grupo Socio Economía Instituciones y Desarrollo
Juan Felipe Vargas Calderón
Economista y Especialista en Estadística Universidad Surcolombiana
En las comunidades urbanas se intensifica la experiencia de represión estatal al nivel de lo que por mucho tiempo han denunciado campesinos, comunidades étnicas y demás comunidades rurales, esto es: ante las movilizaciones populares por demanda de derechos políticos, económicos y ambientales. Desde el orden político hegemónico se despliega a las fuerzas militares que con intensos operativos militares y, mediante violaciones de derechos humanos, interrupción de libertades individuales y constitucionales buscan frenar las demandas de apertura política, mecanismos de distribución del ingreso y políticas de desconcentración de la tierra y el capital.
La masacre como medio para sostenerse en el poder político y mantener la concentración de la riqueza ha sido la táctica del bloque hegemónico liderado por la alta finanza y el poder terrateniente.
La resolución violenta del conflicto distributivo es un hábito de pensamiento y de conducta de las diferentes composiciones de este bloque hegemónico desde el siglo XX, lo cual se ha logrado a través del uso legítimo de la violencia para- estatal.
Con posteridad a la firma de los acuerdos de paz, el uso y abuso del libreto del “enemigo interno”, de la “amenaza terrorista” para justificar el despliegue y gasto militar ha quedado sin legitimidad popular, aunque todavía hace parte de la narrativa oficial.
Asistimos hoy a la “amenaza molecular”, todos son potencialmente culpables de delito político de defender sus intereses, sus derechos económicos, políticos y sociales. Y, aunque no faltaron los especialistas que anunciaron que aún la gleba ni los entiende ni tiene por qué hacerlo; ante la movilización popular que comienza a fines de abril de 2021, este discurso experto cierra el círculo de la legitimidad de la narrativa oficial para comenzar la masacre en las comunidades urbanas. ¡Porque tan sólo una amenaza de ocultos e inconfesables intereses puede desplegarse ante la bondad de los expertos económicos, de los políticos de siempre y del dictador benevolente¡
Hasta hoy la relativa estabilidad social ante políticas públicas de transferencias de activos público-estatales devaluados a manos privadas, el desfalco de los representantes de los grupos económicos en las juntas directivas de empresas públicas, las alianzas público privadas para construir obras de infraestructura que se derrumban o que nunca se terminan, el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, etc., había logrado consenso mediante el accionar para-estatal y el trabajo educativo de los medios masivos de des-información. Este ha sido el cierre preferido por los intelectuales liberales y sus patrones de turno, aunque en público demanden armonía social y dialogo civilizado.
Sin embargo, lo que emerge bajo las movilizaciones del 2021 es la consolidación del movimiento popular que, desde las continuas movilizaciones de estudiantes de 2010, de comunidades afro, campesinas e indígenas entre 2008 y 2013, desde el movimiento por la implementación del acuerdo de paz desde 2017 y desde la movilización de amplios sectores urbanos de desempleados, contratistas, pensionados y trabajadores de las economías populares rurales y urbanas buscan una ruptura con los acuerdos institucionalizados fijados por el bloque hegemónico en Colombia.
¿Podrá desde 2022 un gobierno de corte progresista consolidar una agenda basada en el reconocimiento de derechos sociales, políticos y económicos para los sectores populares?
Fotografía: @Juancaelbroky
