Por Elisa Cárdenas (Chile)

Cortesía para Altera Revista

 

Al plantearme escribir un texto sobre la Unidad Popular hoy, desde una actualidad tan drásticamente distinta a la de aquellos años, me inquietan – sin embargo – diversas situaciones que observo en Chile y que hablan de una suerte de tiempo detenido, o al menos de una recurrencia cíclica de ánimos y desencuentros que sugieren, una y otra vez, que el debate sobre ese pasado reciente no avanza hacia consensos sino al contrario, solo crecen las brechas de un país dividido.

El trauma latente de la dictadura militar, con crímenes de Estado aún impunes; con cientos de familiares de detenidos desaparecidos que perdieron ya la esperanza de saber su paradero; con pactos de silencio y procesos judiciales largamente postergados, son realidades por todos conocidas. A ello se suma, bordeando el delirio, la participación en el actual gobierno de declarados defensores y colaboradores de ese régimen militar, situación que refleja una escalada de decadencia institucional ante la cual, pienso, los chilenos y chilenas no debemos victimizarnos o infantilizarnos como sociedad: todos hemos llegado a este punto; muchos de nuestros pares dieron su voto a Sebastián Piñera y su gobierno,  muchísimos otros se desentendieron de su derecho a elegir y con ello, de Chile y su destino (parafraseando a Salvador Allende).

No es todo eso, sino un más abarcador conjunto de circunstancias y animosidades sociales lo que me lleva a pensar que la Unidad Popular, al no poder llevarse a cabo, quedó gravitando en el aire, con sus ideales y también con su complejidad y sus contradicciones; y que, por otra parte, la dictadura nunca concluyó, “está siendo” de otra manera, como la “revolución silenciosa” que relató Joaquín Lavín, quizás la más “exitosa” de todas las revoluciones que haya engendrado el país.

Con el estallido social y el “despertar” de la sociedad chilena, a partir del 18 de octubre de 2019, volvieron a surgir en las conversaciones y en las demandas palabras como Dignidad, Justicia Social, Igualdad, Democracia y, como un cuerpo recuperado, PUEBLO, concepto que hasta hace poco podía parecer algo nostálgico y anacrónico. Palabras del siglo XX que vuelven a declamarse con urgencia, sonando fuerte junto a las cacerolas, aglutinando gente como las ollas comunes.

Con los recientes meses de pandemia global y su consecuente devastación económica para miles de familias chilenas – y otras tantas de inmigrantes latinoamericanos que, pensaron, aquí encontrarían un mejor futuro – las dinámicas colectivas, el cooperativismo, el intercambio social y la solidaridad han cobrado relevancia en diferentes situaciones, resumidas en la idea de que “sólo el pueblo ayuda al pueblo” y otros enunciados que se propagan en las calles y en las redes sociales. En tanto, el gobierno, y la derecha económica que representa, parecen vivir en un universo paralelo, agudizándose en la sociedad civil el descrédito hacia las autoridades y hacia toda la clase política que denunció el estallido.

Ante el inminente plebiscito – el 25 de octubre próximo – que definirá, o no, la eliminación definitiva de la Constitución de la República redactada en dictadura y a la medida del modelo neoliberal imperante, la escisión del país sigue acentuándose y siendo expresada; vuelven peligrosamente las odiosidades y una exacerbada sensación de amenaza en los sectores de derecha: miedo a las conquistas sociales y políticas de ese Pueblo que se había quedado dormido. Y es entonces cuando asalta la sensación de que nada ha cambiado, que por una parte cuatro décadas de una creciente corrupción han provocado en chilenos y chilenas un hastío y con ello nuevos desvíos que, hasta hace unas décadas, no eran tan visibles: la reorganización, la tendencia a la sustentabilidad, el espíritu comunitario, la urgencia de cambios estructurales profundos, la caída de los símbolos patrióticos oficiales, etc. Y del otro lado, parte importante de la derecha económica y los antaño llamados “grupos oligárquicos” mantiene una postura reticente frente a los cambios; se generan los discursos alarmistas que abundan en los medios de comunicación monopolizados (“nueva Cuba” en los ‘60, “Chilezuela” en nuestros tiempos), hay amedrentamiento, un clima político de confrontaciones y también de ajustes y adecuaciones – al menos en el discurso- de quienes, con calculadora actitud, buscan mantener su cuota de poder o representatividad en el provenir que se anuncia.

Frente a este panorama, no es descabellado observar que “hay un aroma a UP”, con toda la ilusión que ello despierta en muchos y todo el sobresalto que genera en otros (no pocos). Y frente a ello, pese al marco radicalmente distinto – cuando sea hace evidente el declive y la escasa representatividad de los partidos políticos –  un segmento importante de ciudadanos sigue alertando sobre la amenaza comunista, en una postura ostensiblemente descontextualizada.            

El miedo al comunismo y a los partidos de izquierda comenzó a acentuarse en Chile a mediados de los años ’40 del pasado siglo, ante el aumento de militantes y simpatizantes de modelos de tendencia marxista, que postulaban el compromiso y la equidad social y proponían romper con el satus quo de regímenes capitalistas, manejados por el histórico poder oligárquico.

Toda la etapa de los gobiernos radicales en Chile – desde 1938 con la elección del Frente Popular representado en Pedro Aguirre Cerda hasta 1952, cuando concluye el mandato de Gabriel González Videla –  constituye un tiempo de transformaciones, que sentaría las bases para pensar en cambios revolucionarios, siendo de alguna manera un preámbulo de la Unidad Popular, que llegaría a dirigir el país en 1970.

En esas tres décadas se avanzó enormemente en distribución de la riqueza, industrialización por y para chilenos y chilenas, alfabetización, políticas de educación, salud y vivienda, pensiones, organización obrera y sindicalismo. Como en todo proceso político, hubo en el periodo desigualdades – como el mundo del agro, olvidado en un sistema prácticamente feudal, que no fue ampliamente cuestionado sino hasta avanzada la década del ’50, cuando comenzó a hablarse de Reforma Agraria – hubo pobreza urbana, producto en parte de lo mismo: una masiva emigración campo-ciudad en busca de un mejor horizonte; hubo desavenencias, rivalidades y negociaciones en la esfera política; persecución y medidas represivas también, pero con todo, la etapa administrada por los gobiernos radicales fue de consenso y, particularmente, de modernización del país, con hitos de largo aliento como la creación de la Corfo, el desarrollo de la salud pública y una “edad de oro” de la arquitectura y el urbanismo, entre otros.

Durante esta etapa de transformaciones, el Partido Comunista, y las tendencias de izquierda en general, tuvieron participación y diálogo con y al interior del oficialismo, con miras a lograr mejoras para la ciudadanía, propias de un Estado de Bienestar Social, que era la premisa institucional de entonces. Sin embargo, la situación de más de 20 mil chilenos afiliados al comunismo cambió brutalmente cuando el presidente Gabriel González Videla – quien había sumado votos de la izquierda y se mostraba abierto, incluso, a darles espacio en su gabinete – promulgó, el año 1948, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (conocida como “Ley Maldita”), que proscribió al PC en Chile. Solo 10 años después, los comunistas pudieron dejar la clandestinidad y volver a ejercer sus derechos ciudadanos.

Muy pronto fructificaría en el norte de América la gran transformación que iba a influir indirectamente en los caminos de otros países de la región; la Revolución Cubana de 1959 significó un proceso de emancipación y autodeterminación que comenzó a propagarse, como un ideal, en América Latina.

En esos tiempos de Guerra Fría, Estados Unidos agudizó su posición antimarxista, intentando evitar, a toda costa, los brotes revolucionarios en la región. En 1961, el gobierno de John F.Kennedy anunció la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica y social para nuestros países, que prometía mejoras sanitarias, mayor acceso a la educación, control de la inflación e incremento de la productividad agrícola, entre otras cooperaciones. El proyecto fue aprobado por la totalidad de la Organización de Estados Americanos (OEA, excluida Cuba) en el marco de la Conferencia de Punta del Este. En esa ocasión, el médico y parlamentario socialista Salvador Allende Gossens (1908) ya denunciaba el afán imperialista de este programa (que, por cierto, nunca llegó a materializarse).

Allende llevaba más de dos décadas en el ejercicio de la política, fue diputado y posteriormente Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. En las elecciones parlamentarias de 1945 fue elegido Senador y reelegido consecutivamente, llegando a presidir esa cámara entre 1966 y 1969. Durante todo este proceso, fue candidato de las coaliciones de izquierda para las presidenciales de 1952, 1958, 1964 y 1970, resultando finalmente ganador.

Su conglomerado provenía del Frente de Acción Popular (FRAP) que devino en Unidad Popular (UP), integrada por el Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical, Partido Social Demócrata, Movimiento de Acción Popular Unitario MAPU, Acción Popular Independiente API e independientes de izquierda. Ya siendo gobierno, se sumaron los partidos Izquierda Cristiana e Izquierda Radical y la escisión del MAPU que se denominó Obrero Campesino.

Antes incluso de proclamar a Salvador Allende como su candidato oficial, la UP presentó, en diciembre de 1969, su Programa Básico que contenía las célebres “Primeras 40 medidas”. En esta lista de propósitos para llevarse a cabo en caso de llegar al gobierno, llama la atención la articulación de garantías anti corrupción de las instituciones, expresada en medidas como suspender sueldos excesivos, viajes y automóviles de lujo en los cargos públicos, también reducir las asesorías innecesarias y aplicar drásticas sanciones a los delitos económicos. El documento pone de manifiesto su objetivo hacia una total honestidad administrativa, impidiendo la formación de “nuevos ricos” pagados por el fisco. Volviendo a la dialéctica pasado-presente – y después de 30 años de post dictadura, en que la corrupción anidó y se estableció en el ámbito político nacional –  cabe preguntarse, como un ejercicio de ucronía ¿qué país “otro” hubiésemos construido, de no haber sido interrumpido este proceso y de haberse aplicado este sistema de medidas?. Inquietud similar provocan otras especificaciones del programa, en educación por ejemplo: matrículas y útiles escolares gratuitos, becas, la creación de un Instituto Nacional de la Cultura que presentaría funciones e impartiría talleres en todas las comunas del país; en desarrollo social: jubilaciones justas y equitativas, consultorios judiciales en las poblaciones; en vivienda: construcción de más poblaciones y viviendas sociales, fijación de los precios de arriendos, profundización de la Reforma Agraria; en salud: asistencia médica sin burocracia, fijación de precios de remedios, límite al impuesto en alimentos, desayunos y almuerzos escolares para niños de escasos recursos, incentivo del deporte en las poblaciones y el ya mítico medio litro de leche diaria, asegurado como ración para todos los niños de Chile.

Con todas estas disposiciones, en directa relación con aquella dignidad del pueblo (que hoy ha vuelto a reclamarse), la Unidad Popular ganó las elecciones del 4 de septiembre de 1970 y el 3 de noviembre del mismo año asumió la conducción del país, en la figura de Salvador Allende, por un período que se extendería hasta 1976, siendo detenido tres años antes debido a los sucesos por todos conocidos. Allende comprometió su “lealtad con el pueblo” y anunció con su gestión “la independencia económica de Chile”, en su discurso del triunfo, el 5 de septiembre de 1970 desde el balcón del edificio de la Federación de Estudiantes de Chile.

“Para los que están en la pampa o en la estepa, para los que escuchan en el litoral, para los que laboran en la pre cordillera, para la simple dueña de casa, para el catedrático universitario, para el joven estudiante, el pequeño comerciante e industrial, para el hombre y la mujer de Chile, para el joven de la tierra nuestra, para todos ellos, el compromiso que yo contraigo ante mi conciencia y ante el pueblo -actor fundamental de esta victoria- es ser auténticamente leal en la tarea común y colectiva. Lo he dicho: mi único anhelo es ser para ustedes el compañero presidente … Sólo quiero realizar ante la historia el hecho trascendental que ustedes han realizado, derrotando la soberbia del dinero, la presión y la amenaza; la información deformada, la campaña de terror, de la insidia y la maldad. Cuando un pueblo ha sido capaz de esto, será capaz también de comprender que sólo trabajando más y produciendo más podremos hacer que Chile progrese y que el hombre y la mujer de nuestra tierra, la pareja humana, tengan derecho auténtico al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, al descanso, a la cultura y a la recreación … La revolución no implica destruir, sino construir; no implica arrasar, sino edificar; y el pueblo de Chile está preparado para esta gran tarea en esta hora trascendente de nuestra vida”.

Sin resentimientos pero con una postura severa, Salvador Allende advertía sobre los distintos intentos para evitar el triunfo de la Unidad Popular, desde la vigilancia permanente de Estados Unidos (definida como imperialismo por todos los sectores de izquierda) hasta la emergencia de grupos juveniles de derecha, responsables de actos violentistas en casi todo el país, como el recordado Patria y Libertad. El mandatario presentía, por lo tanto, la tensión que suscitaría el triunfo del gobierno popular en las semanas y meses venideros. Ya en ese primer discurso como presidente electo, dio claras muestras de la posición pacifista que él abrazaba para construir el socialismo en Chile, señalando a sus seguidores que caminasen tranquilos a sus hogares, evitar provocaciones, avanzar con alegría y centrarse en el trabajo.

A medida que se exacerbaban las confrontaciones y la polarización de la sociedad chilena, aquella opción de la “vía pacífica” desencadenó un intenso debate al interior del gobierno de la Unidad Popular, llegando a coexistir dos ejes en disputa, que el Premio Nacional de Historia, Julio Pinto ha descrito como “Rupturistas” y “Gradualistas”. Mientras los primeros consideraban la insurrección armada como un camino inevitable para hacer la revolución, los segundos creían en la idea de correr cercos e ir superando etapas, lo que, efectivamente, se hizo en esos 1000 días de gobierno, con la profundización de la Reforma Agraria, la nacionalización del cobre y otros cambios estructurales en beneficio de una mayoría, y que a la larga permitirían – quizás con gobiernos sucesores en la misma línea – consolidar el proyecto revolucionario.

La discusión sobre estas dos vías persiste, acaso, hasta hoy, siendo el camino electoral y no armado un sello inédito, incluso a nivel mundial, de la postura allendista. Con todo, el espíritu de la UP apuntaba a un objetivo común y macro: hacer del pueblo – o las masas, como se decía en ese entonces – protagonistas de su propia historia, esto implicaba la conquista gradual y consciente del poder, con la consecuente capacidad, organizada, de poseer y administrar los propios recursos. En este contexto, se hablaba del advenimiento del “hombre nuevo”, apelando no sólo a los campos político y económico, sino a una dimensión más integral que implicase trabajar en la sociedad chilena un cambio de mentalidad.  

A estas alturas de la historia, no está en discusión la presencia de un poderoso aparato de intervenciones y obstrucciones articuladas para impedir la concreción de ese proceso revolucionario, con la ubicuidad de Estados Unidos, antes y durante la UP, y su participación directa en la trama del golpe militar.

Han pasado 50 años de esa historia real que rememoramos hoy como una utopía, y que, paradójicamente, es aclamada con considerable recurrencia, particularmente desde octubre de 2019 y, asombrosamente, desde las generaciones más jóvenes. Un golpe militar interrumpió ese proceso y en 17 años de dictadura fueron declarados enemigos la totalidad de sus protagonistas, seguidores, simpatizantes y, en general, todos quienes condenasen el sistema de represión, violencia y crimen que se instauró en el país. Debido al trauma y las heridas aún no cicatrizadas de ese período es que a menudo olvidamos recrear y descubrir lo que fue el proceso y lo que, pese a todas las adversidades, el gobierno de la Unidad Popular hizo avanzar a Chile en sus arduos 1000 días de gestión.

En ese ejercicio, y sólo desde el ámbito cultural – que es donde me desenvuelvo como periodista – puedo advertir el escaso conocimiento (a nivel masivo) sobre el período de la UP, pese a estar ciertos ámbitos, como por ejemplo el mundo de la canción popular, tan integrados en el imaginario colectivo nacional. El movimiento de la Nueva Canción Chilena, surgido en los años ’60 y que llevó a la música las problemáticas reales de la población, especialmente de los más pobres, el mundo rural, los estudiantes, etc. abrazó con convicción los ideales de la vía chilena al socialismo, sumándose músicos como Patricio Manns, Isabel y Ángel Parra, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Osvaldo “Gitano” Rodríguez, Héctor Pavéz, Inti Illimani, Quilapayún y muchos otros, a la campaña de Salvador Allende, haciendo presentaciones en salas, gimnasios, estadios y barrios, recorriendo el país en caravanas como “El tren de la cultura”. Estas tendencias musicales contaron con un medio de distribución y comercialización en la Discoteca del Cantar Popular (Dicap), sello creado en 1969, que en el periodo UP lanzaba una docena de LPs al año.   

La democratización de la educación tuvo avanzados modelos en las universidades, donde se abrieron matrículas para los trabajadores, por medio de convenios con la CUT, creándose, por ejemplo, instancias de especialización, como “La Universidad del Carbón” (abalada por la Universidad de Concepción), que no sólo buscaban elevar el nivel cultural y el acceso a los estudios superiores, sino también dignificar – en presente y en concreto – el trabajo desarrollado por muchos chilenos, en las minas, en la construcción, en las carreteras, en el agro.

Las universidades también implementaron por primera vez un área que hoy es tan imprescindible como Extensión y Comunicaciones, contratando de manera estable a compañías de teatro, músicos, sonidistas, iluminadores. Fue el caso de Víctor Jara, quien fue detenido el 11 de septiembre de 1973 precisamente en su lugar de trabajo en la Universidad Técnica del Estado (actual Usach) para ser llevado al Estadio Chile donde, finalmente, fue asesinado.

Se venía incentivando desde los años ’60, y tuvo continuidad en este periodo, la publicación de revistas universitarias, plataformas de investigación que ponían en circulación grandes redes intelectuales de Latinoamérica. En gran medida, el ideario promovido por la UP era la sensación de pertenencia a una identidad continental, a la “Patria Grande” de América Latina, expresada en la música, las artes, las letras, la arquitectura, la investigación, etc.

Un hito que no ha vuelto a repetirse en la historia cultural chilena es la Editorial Quimantú, proyecto estatal para la promoción de la lectura en todos sus niveles: textos escolares, cuentos infantiles, literatura universal, ensayos, revistas de actualidad, de cultura y dedicadas a segmentos como infantil, juvenil y femenino; y sus series emblemáticas de libros de bolsillo, a muy bajos precios, “Nosotros, los chilenos” y “Cuadernos de Educación Popular”. La editorial alcanzó un tiraje de 50 mil ejemplares semanales, con distribución masiva, y generó un efecto dominó en otros sellos, que comenzaron a lanzar publicaciones al alcance de todos.

Es justo admitir que este efervescente panorama cultural venía dándose en Chile desde décadas, pero sería – por otra parte – muy injusto cuestionar la firme convicción e iniciativa aportada por la UP para potenciar y cristalizar muchos de estos proyectos, además de idear otros tantos. En casi tres años críticos, de bloqueo por varios flancos, la cultura pudo ponerse en pie con la gestión y apoyo concreto del gobierno, pues desde la premisa del “hombre nuevo” y las formas de construcción del socialismo, éste era un ámbito imprescindible para la convivencia social y para el avance de Chile.     

La UP dejó con el edificio UNCTAD (actual GAM) un testimonio integral de arquitectura moderna, de uso eficiente de las nuevas tecnologías y, sobretodo, del espíritu cooperativo e igualitario para asumir grandes emprendimientos a nivel país. Este edificio construido en tiempo récord (275 días, entre junio de 1971 y abril de 1972), para acoger la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer Mundo, fue encargado por el presidente Allende a la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), entonces encabezada por el arquitecto Miguel Lawner (Premio Nacional de Arquitectura 2019). Fue el primer edificio en Chile planificado, íntegramente, a través de la informática y en él trabajaron 3700 personas, entre obreros, técnicos, artistas y profesionales, todos quienes recibieron honorarios equivalentes y fueron reconocidos en igualdad de condiciones en la placa que daba la bienvenida al edificio. Otro elemento que constituye un ejemplo mundial fue la idea de arte incorporado a la arquitectura; no como adorno, no como decoración, sino como una parte estructural, le fue encargado a Eduardo Martínez Bonati convocar a artistas, hombres y mujeres destacados de la plástica nacional, para crear obras en distintos espacios del edificio UNCTAD. Entre todas esas figuras consagradas, Martínez Bonati decidió incluir el arte popular, con un gran mural de las Bordadoras de Isla Negra y un trabajo monumental de artesanía de Luis Manzano Cabello “Manzanito”. Finalizada la conferencia internacional, el edificio se utilizó como un centro cultural y social, donde se instalaron los primeros comedores populares que recibían a diario a cientos de trabajadores, estudiantes y familias chilenas. Tras la ocupación militar en 1973, casi la totalidad de las obras artísticas fueron destruidas o “desaparecidas”, y el edificio rebautizado como Diego Portales, para destinarlo primero a Ministerio del Interior y posteriormente a Salón de Actos dependiente del Ministerio de Defensa de la dictadura, donde Augusto Pinochet emitía sus discursos y comunicados oficiales. Recién en 2010, fue reinaugurado como Centro Cultural Gabriela Mistral, recobrando el nombre y la finalidad que tuvo en 1972.

Concluyendo este texto-homenaje, queda la reflexión sobre los modelos utópicos y los modelos viables para el Chile que, se supone, entrará en una etapa de refundación. Hoy el escenario nacional y global es otro, pero persiste la ilusión (acaso, la exigencia) de una sociedad más justa e igualitaria, condiciones que si existieron en el país previo a 1973. Se hace imprescindible reiterar que la UP no fue una irrupción, ni una utopía extemporánea que aterrizó repentinamente en Chile, fue un proceso construido por los propios chilenos y chilenas, buscando avanzar hacia una mejor versión de sí mismos.

 

Bibliografía

Albornóz, César. “La cultura en la Unidad Popular. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente…”. En Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. LOM, 2005.   

Fernandois, Joaquín y Ulianova, Olga (editor y coordinador, respectivamente). Chile, mirando hacia adentro. Taurus. Fundación MAPFRE, 2015.

Maulén de Los Reyes, David. “Proyecto edificio UNCTAD III: Santiago de Chile (Junio 1971-Abril 1972)”. En Revista de Arquitectura, N°12-13, 2006.

Pinto, Julio (coordinador, editor). Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. LOM, 2005.   

 

Fotografía vía: eldesconcierto.cl/