Una taza de café campesino, un capuchino, y los datos fluyen del hombre de bigote y traje blanco que ha dejado los anaqueles de documentos para dialogar conmigo. Enseguida el hilo de la conversación queda sobre la mesa: “ser defensor público en Colombia, un país sin política criminal, no es fácil, es una vida más bien sufrida”.
Por: Serafin Marquin Gaviria
@serafiniano
Cometer o no un delito tiene múltiples variables, pero que esta acción sea asignada a uno de los 4.200 defensores públicos, que en promedio tiene Colombia, es casi un hecho. La persona responsable de la conducta punible o inculpada debe ser de bajos recursos para ser defendida, una condición que en el país el 35,7 por ciento de la población cumple al ubicarse en la tasa de pobreza (29,8) e indigencia (7,9), según censo reciente. En promedio cada abogado lleva 100 casos, algunos alcanzan los 2000 según ha denunciado Gerardo Duque, presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos.
Edgar Bello Pascuas tiene más de 15 años de experiencia como defensor público y unos ojos capaces de escenificar cada una de los casos que han pasado por sus manos, esas historias propias de la crónica roja que escribe el país todos los días. Su labor consiste en “representar a personas que no tienen dinero, una función eminentemente social”, dice mientras toma uno de los primeros sorbos del capuchino que ha traído un mesero del Palacio del Café, un lugar ubicado entre las populares cacharrerías paisas contiguas al tradicional “Pasaje Camacho”, en pleno centro de la capital del Huila.
…
Ernesto Pena Cotacio es el nombre que se le viene a la mente cuando le pregunto por la primera persona que representó. Se trató del primer caso en el Huila una vez entrada en vigencia la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio) en el año 2007, normativa que elevó la figura del defensor público como garantía del Estado para las personas sindicadas de delitos que no tienen la capacidad de pagar un abogado.
Recuerda la situación judicial de Cotacio como un proceso muy doloroso. El hombre oriundo de La Plata era acusado de ejecutar un homicidio en estado de embriaguez y fue condenado a 17 años de prisión tras hacer un acuerdo con la Fiscalía. Pero, “a los cinco años de estar condenado llegó a mi poder una solicitud de él requiriendo hablar con un defensor público, aseguraba que no había asesinado a esa persona; narró que aquel 31 de diciembre, bebió una mezcla de cerveza, aguardiente y ron. Cuando despertó el día siguiente estaba ensangrentado y el último recuerdo que tenía era de las tres de la tarde”, narra el defensor público.
Lo que sucedió, según Bello Pascuas, es que el señor Cotacio y su familia se dejaron tentar del ofrecimiento de la Fiscalía en la etapa de negociación y arreglo que promulga la Ley 906, en su Artículo 351: aceptación de cargos y beneficio de rebaja de pena.
A partir del relato tardío de Cotacio desde la ´cárcel de Rivera´, el defensor junto a otro compañero iniciaron el proceso de revisión de pena obteniendo la positiva pero frustrante realidad de los hechos de aquel fin de año: por intermedio de la Defensoría dos investigadores lograron constatar que Cotacio no había llevado a cabo el crimen y dos personas de la población de La Plata(Huila) estaban dispuestas a corroborarlo como testigos presenciales para esclarecer aquel fatídico día en que un hombre perdió la vida y otro la libertad.
Fue demasiado tarde. “Desafortunadamente el Tribunal Superior de Neiva negó la acción de revisión porque dijo que Cotacio ya había aceptado los cargos. Esas son cosas que a uno como defensor le duelen”. Con esas palabras Edgar Bello Pascuas cierra la rememoración de la historia que durante varios minutos me ha estado contando. Yo he tomado apuntes, entre ellos la forma como las líneas de su frente se demarcan con fuerza. Han entrado algunos compañeros provenientes del Palacio de Justicia que está a escasos metros. Los cafés se han consumido.
…
Una puerta de vidrio polarizado detiene el aire caliente de la ciudad de Neiva que se acerca a los 40 grados centígrados, me percato sin dejar de prestar atención al defensor público huilense que aceptó hacer catarsis sobre la realidad social del país a partir de su propia realidad como abogado.
Las pausas son mínimas, apenas para un sorbo de café, así precisamente es el día a día de un defensor público en Colombia que debe enfrentarse en un eterno duelo con la Fiscalía, la Procuraduría y el juez. Sin defensor público no son posibles las audiencias. Aun así, mientras los tres funcionarios públicos en mención “poseen seguridad social y salarios que están por encima de los 7 millones de pesos”, “los contratos de los defensores públicos son renovados año a año”, y “sus honorarios llegan a los 3´700.000. De allí deben pagar por cuenta propia seguridad social, desplazamiento a otros municipios, fotocopias, notarías y asumir otros descuentos”, ha dicho a la Revista Semana Gerardo Duque, presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos, quien además resalta que de los más de 3000 defensores públicos, el 95 % viven exclusivamente de este contrato, el tiempo no les da para más.
Edgar Bello Pascuas reitera que “ser defensor público no es fácil”. Sumado a la inestabilidad económica está el hecho de entrar a hacer defensas en las que se está convencido de la libertad del acusado, pero el tiempo corre a favor del sistema judicial colombiano “que no sanciona para regenerar sino para castigar –entre más alta sea la pena se considera mejor castigo-, y tristemente las personas “prefieren soportar una pena y no revelar lo que realmente sucedió”. “Este país desafortunadamente lo manejan grandes emporios, bandas criminales dentro de estos, y en esas bandas la gente prefiere quedarse callado a decir la verdad; por ejemplo en el narcotráfico el ´menudeo´ lo realizan personas que representan la milésima parte de los que están a cargo de la actividad delictiva”. Situaciones que son tendencia en las tristezas generadas en el defensor público, según expresa Bello Pascuas. Lo puedo ver preocupado y reflexivo del otro lado de la mesa.
Para este hombre que apoya la preparación de su hija en el Distrito Capital de Colombia, también como abogada, la falta de una política criminal que vele porque la persona condenada a prisión no se transforme en un “delincuente más grande”, genera impotencia.
-Cuando se condena, ¿se pierde más que un caso?
-Claro es evidente- dice de manera enfática-. Dentro de mis primeros casos lloré porque sentía esa impotencia, uno piensa busquemos una justificación, por qué no me dijo aquello, por qué no me facilitó aquello. Hay personas que la misma rebeldía, el mismo hecho lo transforma, y en la cárcel este aspecto es más tremendo. En la cárcel encuentra cualquier clase de personas que les dicen cuál es la forma de salir, pero resulta que le están mintiendo. Entonces cuando usted pierde un caso es la vida de una persona. Todavía lo siento así. Yo me entrego a mis casos porque sé que son personas que las circunstancias los pusieron en esa situación. El problema de este país es netamente social.
En seguida, como cual narrador, ubica su mano derecha a la altura de la barbilla mientras con la otra sostiene el Capuchino y deja escapar la historia de un hombre habitante del municipio de Campoalegre (Huila). Un caso de extorsión que lo marcó demasiado. Se trata de una persona que decía ser parte de la guerrilla de las FARC y resulta detenido por las autoridades. “Era un hombre muy pobre, demasiado pobre, y yo entro a decirle: la víctima está diciendo qué le cuente quién lo contrató porque él sabe que en usted no pudo haber nacido ese delito. Dígale quién lo contrató y muy seguramente vamos a conseguir una rebaja y puede incluso salir sin pena”, me explica con ese tono amigable, cercano, que pretende convencer, entonces alcanzo a imaginar la escena. Pero, aunque la propuesta incluía una indemnización y esta persona vivía en un asentamiento donde “la pobreza era terrible”, prefirió quedarse callado y no colaborar –no colaborarme, es la palabra usada por Bello pascuas, aunque en realidad la colaboración realmente era para él mismo-.
Este defensor público está seguro que de la humildad y miedo poco queda en hombres que resultan condenados. Es el caso de un joven que representó en algún momento de su carrera cuando era acusado de extorsión en el municipio de Algeciras. “Un muchacho que nunca quiso decirme nada, simplemente afirmaba que él había sido sin dar las circunstancias”, recuerda. Lo encontró recluido en el patio 2B con otra actitud en el marco del programa denominado 1542 donde asume procesos de personas condenadas.
“Después de ser un joven humilde terminó siendo uno de los líderes del patío. De una persona sumisa pasó a ser una persona agresiva. Ya no era el joven entregado, el campesino”, define Bello Pascuas.
“Yo para qué le contaba. Usted sabía que yo no lo había hecho, pero donde yo me ponga a decir cómo fue terminan acabando con mi familia. Mejor yo pago acá”, fueron las palabras del joven luego de increpar a su antiguo defensor púbico con un tono violento indagando qué hacía en el patio.
…
La grabadora periodística continúa encendida. La escena es la misma: dos hombres en el “Palacio del Café” embarcados en una historia llena de historias –hasta el momento lamentables-. Pero entre el cumulo de procesos que en 15 años Edgar Bello Pascuas ha sorteado como defensor público -desde inasistencias alimentarias hasta terrorismo; desde cualquier lesión personal hasta un homicidio o una extorsión- surge una historia con un final diferente.
El caso: un hombre de nombre Diomedes –“recuerdo el nombre por el cantante”, dice Edgar Bellos Pascuas- señalado de unas lesiones personales. El desenlace: había un argumento muy clave, el vehículo (motocicleta) en el que se desplazaba y había causado una deformidad a la otra persona no traía luces. Y a partir de peleas anteriores todo indicaba que el señor se había estrellado y había buscado ubicar y hacer el montaje para inculpar a Diomedes.
“Son hechos que uno se da cuenta que tiene cómo lucharlos y lo dejan a uno marcado”. El relato es conciso y la sensación de satisfacción en el defensor público huilense es grande: “el hombre en agradecimiento me llevó un pollo y un racimo de plátano –elementos que no acepté-. Era una persona humilde que me generó un sentimiento de labor cumplida”. Sonríe y relaja el rostro, luego toma el que parece ser el último sorbo de Capuchino.
-¿Y el límite del defensor público?- lanzo la pregunta buscando alguna especie de regla en el ejercicio-.
– No existe- inmediatamente explica- Esa objeción de conciencia difícilmente opera. Yo no puedo dejar de defenderlo por ser un violador o porque lo están juzgando por homicidio o por qué mató a un niño, una niña; lamentablemente, alguien tiene que hacer esa función. Tenemos que aceptar y empezar a trabajar partiendo siempre de la noción de ser humano, dignidad y presunción de inocencia. Uno se vincula, no crea y viene el repudio social. Entramos a analizar por qué lo hizo, cómo lo hizo, todo un estudio de criminología, elementos que en adelante en una etapa de juicio uno puede llegar a tomar. Lo que pasa es que el mismo usuario le miente a uno, le infla las situaciones y cuando se va a un informe científico encuentra las inconsistencias- .
En medio de las emociones de las víctimas Edgar Bello Pascuas, ha recibido insultos –ya comunes- pero nunca ha estado en una situación que haya puesto en riesgo su vida. Como anécdota recuerda que el día de su llegada al municipio de Algeciras en el año 2013, fue recibido por una persona que dijo pertenecer a la guerrilla de las Farc. El hombre – que el defensor público recuerda haber visto recluido en prisión tiempo atrás- le recomendó no cambiar de vehículo, actuar en derecho –respetando los derechos humanos-, no quedarse después de las seis en el recinto; “me saludó de una manera muy amable y me dijo que ellos estaban muy pendientes de las acciones que realizáramos. Pero nunca me dijo una amenaza directa”, recuerda el abogado sin que haya en su postura señal de remover un hecho traumático.
…
Las charlas se extienden por cada una de las mesas y en lo que ha transcurrido de nuestra conversación los sobresaltos se han sentido en cada una de ellas. Me percato de aquello al redactar esta historia que no finaliza, pero cierra con la esencia: la falla de la justicia en Colombia, un Estado que no cuenta con una política criminal, es decir, no da garantías de resocialización a los condenados.
“El problema es de política, en esencia que no existe política criminal. No existe una formación de la sociedad, hay mucha desigualdad social que lleva a que el que menos tiene se vea obligado a buscar de alguna manera un ´modus operandí´ para sobrevivir. Sucede hasta en las mismas universidades. En Europa, Estocolmo, Suiza hay cárceles desocupadas porque la gente allá tiene las garantías para prepararse. Aquí en la cárcel una persona sino sabe tejer se perdió. Qué hacen: venden vicio, lavan ropa…”, reflexiona en ese tono que suele predominar cuando se ha refrescado la memoria y construido un panorama mental de un asunto.
-¿y el fin del conflicto?- no podía irme con esta pregunta, la mantuve en la mente todo el tiempo pensando en exponerla después del último sorbo de mi café-.
– Será cuando nosotros aprendamos a perdonar y la justicia cambie, porque aquí el problema no son las penas, tenemos que hacer cosas efectivas, responde mirando el reloj y dando un vistazo a la puerta de vidrio que del otro lado muestra revuelo de la ciudad.
